Antecedentes del conflicto y principales desafíos
El conflicto colombiano comenzó en 1964, cuando el gobierno, organizaciones paramilitares de extrema derecha, y guerrillas de izquierda iniciaron una confrontación armada para disputarse el poder político. Desde esta fecha hasta el 2013, fueron asesinadas más de 220.000 personas (la mayoría civiles) y más de cinco millones se convirtieron en víctimas del desplazamiento forzado.
Aunque la violencia sexual asociada al conflicto armado ha sido una estrategia de terror generalizada durante todos estos años, muy pocas víctimas han denunciado este crimen como consecuencia de los múltiples obstáculos que limitaban su acceso al sistema judicial del país. Por eso, aún se desconoce la magnitud real de estas prácticas. En Colombia, el nivel de impunidad es extremadamente alto y la atención para las víctimas muy limitada, incluso aún hoy, la atención en salud para las sobrevivientes sigue siendo un reto. En 2016, tras más de cinco décadas de conflicto armado, el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP firmaron el acuerdo final de paz, el primero que incluyó un enfoque de género, los derechos de las mujeres, y la violencia sexual como un delito que no tendrá beneficios de amnistía ni indulto. Si bien todas las disposiciones del Acuerdo tienen en el centro a las víctimas. Y de forma especial a las víctimas de violencia sexual ligada a conflictos, su implementación ha sido bastante limitada.
Hoy, a pesar de todos los obstáculos y de la estigmatización, las víctimas colombianas están alzando la voz y exigiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
En Colombia hay avances formales para erradicar la violencia sexual y promover la igualdad de género. En 2008, el gobierno colombiano aprobó la Ley para prevenir la violencia y la discriminación contra las mujeres (1257/2008) y en 2014 aprobó la ley 1719 para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, especialmente con ocasión del conflicto armado. Aunque estas leyes proporcionan un marco jurídico y normativo, su aplicación carece de una estrategia clara, de coordinación entre las instituciones responsables de su implementación y de voluntad política.
Con el Acuerdo de paz se logró otro avance importante y positivo: la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición con el que se busca dar luz sobre la realidad del conflicto armado, garantizar justicia para las víctimas y buscar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la guerra. Este sistema complementa las políticas para las víctimas que ordena la Ley de víctimas (1448/2011), que obliga al gobierno colombiano ha implementar un proceso de reparaciones y de asistencia basadas en los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado, incluidas las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, las víctimas que han recibido reparaciones siguen siendo una excepción y no la norma.
Además de la limitada respuesta institucional, las organizaciones de mujeres en Colombia denuncian que las mujeres siguen asumiendo riesgos cuando denuncian estos crímenes, lo que incrementa los obstáculos a la hora de acceder a la justicia, como la inexistencia de un sistema eficaz y fiable para registrar los testimonios de las víctimas, y una falta generalizada de apoyo sanitario y psicosocial.
En 2019, el Secretario General de la ONU instó al gobierno de Colombia a aplicar planes de acción para resolver la violencia en antiguas zonas de conflicto, en particular aquellos relacionados con asistir a las víctimas de violencia sexual en el contexto de conflicto armado, y garantizar su protección y acceso formal a las reparaciones. Además, se alentó al gobierno a asegurar la rendición de cuentas por parted de los autores de crímenes de violencia sexual, y a destinar los recursos adecuados para mejorar la capacidad institucional.
La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales
La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales es una red liderada por mujeres víctimas que, con el apoyo de profesionales, trabaja por los derechos de las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado en Colombia. La Red ha crecido y hoy cuenta con más de 665 integrantes en todo el país, incluido un gran número de mujeres indígenas.
La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales tiene dos áreas prioritarias: el empoderamiento y liderazgo de las mujeres víctimas de violencia sexual y el acompañamiento para que las víctimas de este delito tengan acceso a la justicia La Red busca empoderar a las víctimas para que tengan voz propia y participen en los espacios de toma de decisiones que las afectan. Con sus actividades dan apoyo emocional, capacitación y entrenamiento sobre la legislación del país para que las víctimas entiendan sus derechos. Este grupo de víctimas y profesionales también trabaja para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia sexual, así como para promover la paz en Colombia.
Los importantes logros de la Red durante estos años son el resultado de su fuerza y de su éxito a la hora de hacer incidencia para promover cambios en las leyes y normas relacionadas con la violencia sexual. La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales hizo parte de las delegaciones de víctimas que llevaron propuestas a la Mesa de negociaciones de paz en La Habana y tuvo un papel importante para lograr que la violencia sexual en el conflicto armado fuera reconocida e incorporada en el acuerdo de paz como un delito específico que será sancionado. También ,participaron el diseño de la Ley 1719 sobre el acceso a la justicia y otros temas para las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual asociada al conflicto armado, y lideraron la incidencia ante el Congreso para que fuera aprobada.
Con el objetivo de apoyara las víctimas en el acceso a la justicia, la Red ha diseñado un modelo de Jornadas colectivas para la denuncia, a la fecha ha organizado 19 jornadas colectivas en las que 1.238 víctimas, tanto hombres como mujeres, han podido denunciar en un ambiente seguro, ante las autoridades los crímenes de violencia sexual que sufrieron durante el conflicto armado.
Además, la Red presentó un primer informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz para que este tribunal abra el caso de violencia sexual y presentó una acción ciudadana ante la Constitucional para que los crímenes de violencia sexual no sean excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz – y tuvieron éxito.
